En otro capítulo de su accidentada vida fuera del ring, Julio César Chávez Jr. vuelve a protagonizar los titulares, pero no por sus hazañas deportivas. El lunes 7 de julio de 2025, el ex campeón mundial mexicano debía presentarse ante una corte en Los Ángeles para una audiencia crucial dentro de su programa de desvío judicial, derivado de un arresto por posesión de armas ocurrido a inicios de este año. Pero no lo hizo. Simple y llanamente: no se presentó.
Por: Walter Martínez.
Por: Walter Martínez.
El abogado de Chávez Jr., Michael Goldstein, llegó a la Corte Superior del condado de Los Ángeles sin su cliente. Al ser cuestionado por la prensa, Goldstein confesó que desconocía por completo el paradero del boxeador. “No sé dónde está”, dijo, con tono seco y sin mayores explicaciones. La jueza del caso, visiblemente molesta, aplazó la audiencia pero dejó claro que la inasistencia podría acarrear la revocación total del beneficio judicial que hasta ahora lo había mantenido fuera de prisión.
Este programa de desvío judicial, al que Chávez Jr. se acogió en marzo tras su arresto por posesión ilegal de un arma de fuego (una pistola calibre .380 con número de serie limado), le permitió evitar una condena formal y cumplir una serie de condiciones, como someterse a tratamientos psicológicos y de adicción, asistir a audiencias, y mantener buena conducta durante un periodo de prueba. La audiencia del lunes tenía como objetivo presentar pruebas de cumplimiento y solicitar una salida anticipada del programa, lo cual, de haberse concedido, lo habría liberado legalmente del caso.
La gran pregunta que flota es: ¿por qué no fue? En el papel, esta audiencia era la oportunidad perfecta para dar vuelta a la página, limpiar su nombre en EE. UU. y centrarse en resolver sus otros líos legales, especialmente su situación migratoria y los cargos que enfrenta en México.
Algunos analistas legales sugieren que podría haber sido una decisión estratégica mal calculada. Otros creen que es simplemente una muestra más del desorden personal y jurídico en el que vive el boxeador. La ausencia envía un mensaje claro: o Chávez Jr. está rehuyendo a la justicia estadounidense, o ha perdido por completo el control de su defensa legal. Y cualquiera de esas dos opciones es una bomba para su caso.
La falta de comparecencia puede tener consecuencias devastadoras. Primero, la jueza puede ordenar su expulsión del programa de desvío judicial, lo cual reactivaría inmediatamente los cargos originales de posesión ilegal de armas, con una posible condena de hasta 3 años de prisión en el condado de Los Ángeles. Segundo, si ICE logra deportarlo antes de que se resuelva este proceso, México lo recibiría con una orden de captura lista, relacionada con cargos de tráfico de armas y vínculos con el crimen organizado.
La ausencia de Chávez Jr. también podría impactar negativamente en su proceso migratorio. Al no presentarse ante una corte penal en EE. UU., está incumpliendo las condiciones que podrían haber sido usadas para argumentar su estabilidad y “bajo riesgo” frente a un juez migratorio. Todo lo contrario: ahora queda la imagen de un ciudadano extranjero que evade la justicia local.
Lo más grave no es el acto puntual de no presentarse. Es lo que representa. Chávez Jr. había recibido, por parte del sistema judicial estadounidense, un trato excepcional: la oportunidad de rehabilitación en vez de castigo. Y ahora, sin decir una palabra, está a punto de tirar todo por la borda.
En un país donde miles de jóvenes latinos enfrentan penas severas por delitos mucho menores, lo de Chávez Jr. es una burla. No sólo para la justicia, sino también para quienes han intentado ver en él una figura de redención. No hay redención posible sin responsabilidad, y Chávez Jr. parece no estar dispuesto a asumirla.
Este programa de desvío judicial, al que Chávez Jr. se acogió en marzo tras su arresto por posesión ilegal de un arma de fuego (una pistola calibre .380 con número de serie limado), le permitió evitar una condena formal y cumplir una serie de condiciones, como someterse a tratamientos psicológicos y de adicción, asistir a audiencias, y mantener buena conducta durante un periodo de prueba. La audiencia del lunes tenía como objetivo presentar pruebas de cumplimiento y solicitar una salida anticipada del programa, lo cual, de haberse concedido, lo habría liberado legalmente del caso.
La gran pregunta que flota es: ¿por qué no fue? En el papel, esta audiencia era la oportunidad perfecta para dar vuelta a la página, limpiar su nombre en EE. UU. y centrarse en resolver sus otros líos legales, especialmente su situación migratoria y los cargos que enfrenta en México.
Algunos analistas legales sugieren que podría haber sido una decisión estratégica mal calculada. Otros creen que es simplemente una muestra más del desorden personal y jurídico en el que vive el boxeador. La ausencia envía un mensaje claro: o Chávez Jr. está rehuyendo a la justicia estadounidense, o ha perdido por completo el control de su defensa legal. Y cualquiera de esas dos opciones es una bomba para su caso.
La falta de comparecencia puede tener consecuencias devastadoras. Primero, la jueza puede ordenar su expulsión del programa de desvío judicial, lo cual reactivaría inmediatamente los cargos originales de posesión ilegal de armas, con una posible condena de hasta 3 años de prisión en el condado de Los Ángeles. Segundo, si ICE logra deportarlo antes de que se resuelva este proceso, México lo recibiría con una orden de captura lista, relacionada con cargos de tráfico de armas y vínculos con el crimen organizado.
La ausencia de Chávez Jr. también podría impactar negativamente en su proceso migratorio. Al no presentarse ante una corte penal en EE. UU., está incumpliendo las condiciones que podrían haber sido usadas para argumentar su estabilidad y “bajo riesgo” frente a un juez migratorio. Todo lo contrario: ahora queda la imagen de un ciudadano extranjero que evade la justicia local.
Lo más grave no es el acto puntual de no presentarse. Es lo que representa. Chávez Jr. había recibido, por parte del sistema judicial estadounidense, un trato excepcional: la oportunidad de rehabilitación en vez de castigo. Y ahora, sin decir una palabra, está a punto de tirar todo por la borda.
En un país donde miles de jóvenes latinos enfrentan penas severas por delitos mucho menores, lo de Chávez Jr. es una burla. No sólo para la justicia, sino también para quienes han intentado ver en él una figura de redención. No hay redención posible sin responsabilidad, y Chávez Jr. parece no estar dispuesto a asumirla.
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